Ernerto Zedillo 1994 - 2000
Ernesto Zedillo Ponce de León (Ciudad de México, 27 de diciembre de 1951) es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000. Fue el último de los presidentes emanados del Partido Revolucionario Institucional que desde 1929, junto a sus partidos antecesores, había ocupado ininterrumpidamente la presidencia por setenta y un años.
En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Cevallos, del conservador Partido Acción Nacional , y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática , quien ya lo había intentado en julio de 1988, cuando se enfrentó y, posiblemente también, superó en votos a Salinas, salvo porque la tristemente célebre caída del sistema truncó de manera fraudulenta la que habría podido ser la primera alternancia política desde el final de la Revolución. Aunque el 50,2% de votos sacado ahora por Zedillo era el más bajo porcentaje registrado por un candidato priísta en los 65 años de vida del partido, los comicios registraron una participación también excepcional, del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988. Las elecciones fueron celebradas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales , aprobado por el Congreso en 1990, y organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral . El 1 de diciembre de 1994 Zedillo inauguró su mandato sexenal como, según opinaban casi todos los observadores nacionales y extranjeros, el primer presidente del PRI elegido sin el concurso decisivo de los tradicionales procedimientos de fraude.
Aunque la legitimidad democrática de Zedillo no se cuestionaba, era imposible ignorar la detección del largo brazo de la maquinaria priísta, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de estipendios en los ámbitos clientelistas. El 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo, aunque los nubarrones que presagiaban la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiendo chispas. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra. La catástrofe pudo ser evitada gracias a un apresurado plan de salvamento internacional, el cual, coordinado por el FMI y capitaneado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios.
La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano a cambio de la gigantesca contingencia crediticia fue el depósito como garantía de pago en un banco estadounidense de los 7.000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional. El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%.
Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales, y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD más el Partido del Trabajo , esto es, los cuatro partidos representados en el Congreso, con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos poselectorales. El PRI asumió la reforma en su XVII Asamblea Nacional, celebrada del 20 al 22 de septiembre del mismo año, ocasión en la que el partido ratificó de paso su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio «en el asfixiante modelo económico neoliberal», el mismo que, paradójicamente, venía aplicando Zedillo por pregonados motivos coyunturales pero que en realidad era una fiel prolongación de la línea trazada por Salinas y antes que él ya esbozada por de la Madrid. Con todo, la doctrina de «liberalismo social» acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas –al que Zedillo se negó a defender cuando estalló el escándalo de la detención y encarcelamiento de su hermano, Raúl Salinas, acusado de estar involucrado en el asesinato de Ruiz Massieu-, fue removida de la declaración ideológica del partido.
La crisis interna de la formación nacida en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista y prolongada desde que Zedillo dejara claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, las primeras celebradas bajo la nueva normativa. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación en la Ciudad de México, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo «ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado».
La delicada situación social en algunos estados, alimentada por los abusos cometidos por los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priísta, el problema más acuciante. Zedillo abordó este conflicto aplicando una política del palo y la zanahoria. Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional , el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, el presidente ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático Subcomandante Marcos, al que de paso intentó desacreditar revelando a la opinión pública su supuesta identidad , pero cinco días después mandó detener las operaciones.
El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley de la Comisión parlamentaria de Concordia y Pacificación , relativa precisamente a los derechos de los indígenas, más la negativa de Zedillo a conceder cualquier menoscabo de la autoridad federal en el territorio controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear unas instituciones autónomas de base popular, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos armados. Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos de San Andrés en la posibilidad de que las reformas legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones de tipo independentista. La matanza de Acteal en particular desató una cascada de críticas sobre Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores más reaccionarios de su partido quedó en entredicho. En añadidura, en Guerrero y en otros estados del sur comenzó sus actividades en agosto de 1996 un Ejército Popular Revolucionario , insurgencia de menor entidad pero de discurso más radical que para unos tenía inspiración maoísta y para otros se trataba de una criatura de oscuros potentados del PRI interesados en desestabilizar el orden público y desacreditar a los movimientos sociales.
Aunque la legitimidad democrática de Zedillo no se cuestionaba, era imposible ignorar la detección del largo brazo de la maquinaria priísta, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de estipendios en los ámbitos clientelistas. El 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo, aunque los nubarrones que presagiaban la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiendo chispas. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra. La catástrofe pudo ser evitada gracias a un apresurado plan de salvamento internacional, el cual, coordinado por el FMI y capitaneado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios.
La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano a cambio de la gigantesca contingencia crediticia fue el depósito como garantía de pago en un banco estadounidense de los 7.000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional. El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%.
Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales, y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD más el Partido del Trabajo , esto es, los cuatro partidos representados en el Congreso, con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos poselectorales. El PRI asumió la reforma en su XVII Asamblea Nacional, celebrada del 20 al 22 de septiembre del mismo año, ocasión en la que el partido ratificó de paso su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio «en el asfixiante modelo económico neoliberal», el mismo que, paradójicamente, venía aplicando Zedillo por pregonados motivos coyunturales pero que en realidad era una fiel prolongación de la línea trazada por Salinas y antes que él ya esbozada por de la Madrid. Con todo, la doctrina de «liberalismo social» acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas –al que Zedillo se negó a defender cuando estalló el escándalo de la detención y encarcelamiento de su hermano, Raúl Salinas, acusado de estar involucrado en el asesinato de Ruiz Massieu-, fue removida de la declaración ideológica del partido.
La crisis interna de la formación nacida en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista y prolongada desde que Zedillo dejara claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, las primeras celebradas bajo la nueva normativa. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación en la Ciudad de México, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo «ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado».
La delicada situación social en algunos estados, alimentada por los abusos cometidos por los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priísta, el problema más acuciante. Zedillo abordó este conflicto aplicando una política del palo y la zanahoria. Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional , el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, el presidente ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático Subcomandante Marcos, al que de paso intentó desacreditar revelando a la opinión pública su supuesta identidad , pero cinco días después mandó detener las operaciones.
El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley de la Comisión parlamentaria de Concordia y Pacificación , relativa precisamente a los derechos de los indígenas, más la negativa de Zedillo a conceder cualquier menoscabo de la autoridad federal en el territorio controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear unas instituciones autónomas de base popular, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos armados. Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos de San Andrés en la posibilidad de que las reformas legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones de tipo independentista. La matanza de Acteal en particular desató una cascada de críticas sobre Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores más reaccionarios de su partido quedó en entredicho. En añadidura, en Guerrero y en otros estados del sur comenzó sus actividades en agosto de 1996 un Ejército Popular Revolucionario , insurgencia de menor entidad pero de discurso más radical que para unos tenía inspiración maoísta y para otros se trataba de una criatura de oscuros potentados del PRI interesados en desestabilizar el orden público y desacreditar a los movimientos sociales.
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